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Protección jurídica del software en el Perú
martes, 1 de abril de 2014 | 13:09 | 0 comments

Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor del 23 de abril de 1996,  en su Artículo 5° apartado K comprende a los programas de ordenador (software) como obra protegida, así mismo en su Artículo 2° inciso 34, señala que Programa de ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en  cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un  computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también la  documentación técnica y los manuales de uso.

Respecto a la duración de la protección de los derechos de autor respecto del software, en el Artículo 54° señala que el derecho patrimonial se  extingue a los setenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminación. Esta limitación no afecta el  derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte.

El vencimiento de los plazos previstos implica la extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común.

Así también la Ley se refiere a los programas de ordenador desde el Artículo 69° hasta el 77°.

El software es un producto del intelecto y como tal, es un bien intangible e inmaterial, siendo una de sus características que no se fabrica, no se construye, sino se desarrolla. En este sentido, el software no es patentable por no tener carácter inventivo, por cuánto no se consideran invenciones a los sistemas en la medida que ellos sean de carácter puramente abstractos (bien intangible, inmaterial). En la actualidad, en el Perú, el software o soporte lógico del computador está expresamente excluido de la patente de invención en el Perú y demás países el pacto andino (Decisión 344 del Pacto Andino).
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PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE Y EL DERECHO DE P.I. EN LA ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
jueves, 27 de marzo de 2014 | 22:06 | 0 comments


El gobierno norteamericano publico el documento el 25 de julio de 2013, bajo el título: “Política sobre propiedad intelectual, creatividad e innovación en la economía digital”
Este informe lanza tres grandes principios:

  1. El primero de ellos: la complementariedad entre propiedad intelectual y libre flujo de información (y libertad de expresión): efectivamente, el fomento de una no tiene por qué menoscabar los otros. Y aquello que menoscaba es la piratería, amparada en un uso abusivo de las libertades de expresión e información, la que estaría propiciando esa aparente antítesis.
  2. El segundo principio es la simple necesidad de hacer cumplir la ley en materia de propiedad intelectual, persiguiendo y sancionando las infracciones.
  3. En tercer lugar, que las infracciones solo pueden prevenirse y combatirse agregando a la ley soluciones en los planos tecnológico, de concienciación y educación ciudadanas, y de colaboración entre las partes interesadas.
Sobre la base de estos tres principios, el Departamento de Comercio estadounidense propone tres bloques de recomendaciones, los tres muy armonizados entre sí.
  1. La primera gran recomendación es la de actualizar el equilibrio entre los derechos de autor y sus excepciones. 
  2. La segunda recomendación va en favor de la protección de los derechos de autor: se trata de evaluar y mejorar los mecanismos de lucha contra las infracciones en línea y promover el crecimiento de los servicios legales, al tiempo que se preserva el funcionamiento esencial de Internet. Destaca la propuesta del documento de equiparar las sanciones penales del streaming ilegal a las previstas para la reproducción y distribución de obras protegidas tipificadas como delito. A diferencia de lo que sucede en los EE.UU., el disfrute de servicios de streaming sin licencia, por parte de usuarios carentes de ánimo de lucro, no está tipificado como delito.
  3. La tercera recomendación es en cambio más proclive al libre flujo de información en Internet y consiste en desarrollar el potencial de Internet como mercado legal de obras protegidas por derechos de autor y como vehículo de agilización de licencias.

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